La citación es parte de las diligencias solicitadas a través de una ampliación de querella que la Fiscalía de Antofagasta resolvió a favor en inicios de octubre. Dicha ampliación se ingresó en agosto de este año por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval y busca investigar posibles delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, entre otros.

De acuerdo al abogado de Irarrázaval y Araya, Sergio Rodríguez, la acción legal indagará presuntos incumplimientos en las obligaciones de fiscalizar la utilización de fondos públicos por acuerdos entre el Estado y Fundaciones.

Las acusaciones en su contra por Caso Convenios

De acuerdo a la querella, en junio de 2022 se habría rebajado el control del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno sobre el uso de fondos públicos. Esto habría permitido la realización de múltiples ilícitos, como los investigados en Democracia Viva, Urbanismo Social y ProCultura.

Entre las acciones que podrían tratarse de delitos que involucran a Jackson, Crispi y Martínez, se relata un convenio de 630 millones de pesos entre el Gobierno Regional de Antofagasta y Procultura. Este, con el fin de recuperar tres fachadas ubicadas en el casco histórico de la ciudad. Crispi, que entonces era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), habría asegurado en junio de 2022 al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, que “la fundación ProCultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada”.

Dicho oficio también habría sido validado por Martínez en su rol como directora de la Dipres. Por su parte, los diputados querellantes apuntaron que la fundación se especializaba en la venta de libros y cuestionaron el monto monetario para la acción.

El abogado del exministro Jackson, Miguel Schürmann, aseguró a El Mercurio que ni él ni el exministro han recibido notificación alguna.

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