Según informes oficiales, Dayonis Orozco, alias Yendris Paz, presunto implicado en el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez, habría logrado escapar de Chile y se encontraría actualmente en territorio ecuatoriano. Estas revelaciones fueron hechas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien expresó su preocupación por la posible repercusión de la divulgación de esta información en la investigación policial. En declaraciones realizadas durante el programa matinal Buenos Días a Todos, la ministra Tohá señaló que existe evidencia de colaboración por parte de terceros en la fuga de Orozco. Sin entrar en detalles específicos, afirmó que se están tomando medidas para asegurar la cooperación de las autoridades ecuatorianas en el proceso de localización y eventual extradición del prófugo. En relación con el posible impacto de una solicitud de deportación, la ministra expresó confianza en la colaboración de Ecuador y enfatizó que las fuerzas policiales de la región están en alerta para detener a los fugitivos y facilitar su posterior extradición. Es importante recordar que Dayonis Orozco es el único individuo que se encuentra prófugo de la justicia en relación con el homicidio del teniente Sánchez. Durante el mismo incidente, el teniente Sánchez resultó fallecido, mientras que Julio César González fue abatido por el uniformado. Por otro lado, Wuilberth de Jesús Olivares Peña, Yolvi González y Josué David Ramírez Olivares se encuentran detenidos en prisión preventiva como presuntos participantes en el crimen.
En respuesta al reciente emplazamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó sus declaraciones sobre una presunta red de corrupción de cuello y corbata en el país. Estas afirmaciones surgieron tras la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Vallejo inicialmente señaló que la acción judicial había revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata , sugiriendo que esta red podría haberse organizado para obstruir investigaciones relacionadas con corrupción llevadas a cabo por la Fiscalía. Además, indicó que dicha red no solo involucraría a Muñoz, sino también a antiguos funcionarios gubernamentales y líderes políticos de la oposición. Ante el desafío planteado por el fiscal nacional para que entregara antecedentes sobre esta red, Vallejo reiteró su posición en una entrevista con Radio Universo. Afirmó que, en caso de contar con nuevos antecedentes, los pondrían inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, respaldó las declaraciones de Vallejo, señalando que la preocupación expresada por la ministra es compartida por todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la importancia de investigar a fondo y sancionar cualquier delito que se descubra en relación con este caso. Sin embargo, las afirmaciones de Vallejo han generado controversia, especialmente entre legisladores de la oposición. Diputados de la bancada de la UDI calificaron sus declaraciones como absolutamente irresponsables y acusaron a Vallejo de aprovechar políticamente el caso en cuestión. Además, anunciaron que solicitarán su comparecencia ante la comisión investigadora que examina el Caso Audio. Por su parte, los diputados de la UDI también cuestionaron la postura de Vallejo, recordando otros casos de corrupción en los que, según ellos, estaría involucrado el Frente Amplio. Sin embargo, estas acusaciones fueron rebatidas por el excontralor Jorge Bermúdez, quien señaló que no se puede hablar de un modus operandi y que tales afirmaciones deben ser corroboradas por otras entidades.
La ministra de Interior Carolina Tohá abordó la reunión sostenida este viernes con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en las instalaciones de La Moneda. El encuentro, que se prolongó por aproximadamente una hora, tuvo lugar luego de que se anunciara la formalización de Muñoz para el próximo martes en el marco del Caso Audios. Después de concluida la reunión, el jefe de la PDI, Sergio Muñoz, optó por salir discretamente por el estacionamiento ubicado en la calle Agustinas, sin hacer declaraciones públicas. Por su parte, la ministra Tohá respondió de manera breve a las preguntas relacionadas con la conversación sostenida con Muñoz, limitándose a afirmar: Ninguna novedad. Previamente, durante la mañana y antes de la llegada del director de la PDI a La Moneda, la titular del Interior expresó: Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación y se actúe de consecuencia en el marco de la ley. En esa misma línea, Tohá subrayó la importancia de que el Gobierno no intervenga en la investigación, pero sí se asegure de que esta situación no perjudique el trabajo policial ni la estrategia de seguridad. Al abordar la posibilidad de que Sergio Muñoz deje su cargo, la secretaria de Estado enfatizó: El Gobierno está recabando antecedentes y no tenemos nada más que informar al respecto.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó la preocupación del gobierno ante la investigación en curso que involucra al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. Tohá señaló que el gobierno está recopilando información sobre el caso, el cual está siendo llevado a cabo por la fiscalía Oriente. Según el comunicado emitido hoy por el Ministerio Público, Muñoz será formalizado por delitos relacionados con la presunta entrega de información declarada secreta en el contexto de una investigación. La imputación contra Muñoz surge de la investigación sobre la filtración de audios del abogado Luis Hermosilla. Tras las pericias realizadas al teléfono celular del mencionado abogado, se encontró información que vincula directamente a Muñoz con posibles delitos. La ministra Tohá, destacó que como gobierno nos preocupa, respetamos el trabajo de la fiscalía, es un órgano autónomo. Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley. Ante la pregunta recurrente sobre si se pedirá la renuncia de Muñoz, la ministra optó por no responder, enfatizando que el gobierno no debe intervenir en la investigación en curso, la cual está bajo la jurisdicción de la Fiscalía y se desarrolla de manera autónoma. Sin embargo, Tohá subrayó la preocupación del gobierno por garantizar que esta situación no afecte el trabajo policial ni la estrategia de seguridad, asegurando que se están recopilando antecedentes al respecto. El Gobierno va a recopilar antecedentes, estamos en eso. Y no tenemos nada más que informar por el momento , concluyó la ministra del Interior.
La aprobación de esta leyEste jueves el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley de Seguridad Privada, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el mandatario celebró la culminación de un proceso legislativo que se extendió por más de una década. La aprobación de esta ley, que ocurrió con amplia mayoría en el Congreso, representa un hito significativo en la agenda priorizada de seguridad de la actual administración. Tras 14 años de discusión y análisis, se busca optimizar el uso de los recursos policiales, contribuyendo así a un mayor control territorial por parte de Carabineros. Una de las principales metas de esta normativa es liberar a los funcionarios policiales de tareas no policiales o administrativas que actualmente son responsabilidad del OS-10. Con un sector que moviliza cerca de 500 millones de dólares, la regulación de la industria de seguridad privada se vuelve imperativa. Según datos del 2023, en Chile existen más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, con más de 86 mil guardias y más de 7 mil vigilantes privados acreditados. En su discurso, el presidente expresó su satisfacción por la promulgación de esta ley después de años de espera, destacando la colaboración transversal que permitió su aprobación. Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente, las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado , afirmó el mandatario. Asimismo, subrayó la importancia de abordar la seguridad c omo un problema de Estado, que afecta a toda la ciudadanía independientemente de su afiliación política o sector de pertenencia. La nueva ley incluye la actualización de capacitaciones, la regulación de la seguridad en eventos masivos y la modificación de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. Es relevante destacar que hasta la fecha no existía en Chile una regulación legal e integral sobre la seguridad privada, la cual se desarrollaba bajo normativas sectoriales, leyes, decretos, reglamentos y manuales.
Según informes oficiales, Dayonis Orozco, alias Yendris Paz, presunto implicado en el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez, habría logrado escapar de Chile y se encontraría actualmente en territorio ecuatoriano. Estas revelaciones fueron hechas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien expresó su preocupación por la posible repercusión de la divulgación de esta información en la investigación policial. En declaraciones realizadas durante el programa matinal Buenos Días a Todos, la ministra Tohá señaló que existe evidencia de colaboración por parte de terceros en la fuga de Orozco. Sin entrar en detalles específicos, afirmó que se están tomando medidas para asegurar la cooperación de las autoridades ecuatorianas en el proceso de localización y eventual extradición del prófugo. En relación con el posible impacto de una solicitud de deportación, la ministra expresó confianza en la colaboración de Ecuador y enfatizó que las fuerzas policiales de la región están en alerta para detener a los fugitivos y facilitar su posterior extradición. Es importante recordar que Dayonis Orozco es el único individuo que se encuentra prófugo de la justicia en relación con el homicidio del teniente Sánchez. Durante el mismo incidente, el teniente Sánchez resultó fallecido, mientras que Julio César González fue abatido por el uniformado. Por otro lado, Wuilberth de Jesús Olivares Peña, Yolvi González y Josué David Ramírez Olivares se encuentran detenidos en prisión preventiva como presuntos participantes en el crimen.
En respuesta al reciente emplazamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó sus declaraciones sobre una presunta red de corrupción de cuello y corbata en el país. Estas afirmaciones surgieron tras la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Vallejo inicialmente señaló que la acción judicial había revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata , sugiriendo que esta red podría haberse organizado para obstruir investigaciones relacionadas con corrupción llevadas a cabo por la Fiscalía. Además, indicó que dicha red no solo involucraría a Muñoz, sino también a antiguos funcionarios gubernamentales y líderes políticos de la oposición. Ante el desafío planteado por el fiscal nacional para que entregara antecedentes sobre esta red, Vallejo reiteró su posición en una entrevista con Radio Universo. Afirmó que, en caso de contar con nuevos antecedentes, los pondrían inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, respaldó las declaraciones de Vallejo, señalando que la preocupación expresada por la ministra es compartida por todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la importancia de investigar a fondo y sancionar cualquier delito que se descubra en relación con este caso. Sin embargo, las afirmaciones de Vallejo han generado controversia, especialmente entre legisladores de la oposición. Diputados de la bancada de la UDI calificaron sus declaraciones como absolutamente irresponsables y acusaron a Vallejo de aprovechar políticamente el caso en cuestión. Además, anunciaron que solicitarán su comparecencia ante la comisión investigadora que examina el Caso Audio. Por su parte, los diputados de la UDI también cuestionaron la postura de Vallejo, recordando otros casos de corrupción en los que, según ellos, estaría involucrado el Frente Amplio. Sin embargo, estas acusaciones fueron rebatidas por el excontralor Jorge Bermúdez, quien señaló que no se puede hablar de un modus operandi y que tales afirmaciones deben ser corroboradas por otras entidades.
La ministra de Interior Carolina Tohá abordó la reunión sostenida este viernes con el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en las instalaciones de La Moneda. El encuentro, que se prolongó por aproximadamente una hora, tuvo lugar luego de que se anunciara la formalización de Muñoz para el próximo martes en el marco del Caso Audios. Después de concluida la reunión, el jefe de la PDI, Sergio Muñoz, optó por salir discretamente por el estacionamiento ubicado en la calle Agustinas, sin hacer declaraciones públicas. Por su parte, la ministra Tohá respondió de manera breve a las preguntas relacionadas con la conversación sostenida con Muñoz, limitándose a afirmar: Ninguna novedad. Previamente, durante la mañana y antes de la llegada del director de la PDI a La Moneda, la titular del Interior expresó: Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación y se actúe de consecuencia en el marco de la ley. En esa misma línea, Tohá subrayó la importancia de que el Gobierno no intervenga en la investigación, pero sí se asegure de que esta situación no perjudique el trabajo policial ni la estrategia de seguridad. Al abordar la posibilidad de que Sergio Muñoz deje su cargo, la secretaria de Estado enfatizó: El Gobierno está recabando antecedentes y no tenemos nada más que informar al respecto.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó la preocupación del gobierno ante la investigación en curso que involucra al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. Tohá señaló que el gobierno está recopilando información sobre el caso, el cual está siendo llevado a cabo por la fiscalía Oriente. Según el comunicado emitido hoy por el Ministerio Público, Muñoz será formalizado por delitos relacionados con la presunta entrega de información declarada secreta en el contexto de una investigación. La imputación contra Muñoz surge de la investigación sobre la filtración de audios del abogado Luis Hermosilla. Tras las pericias realizadas al teléfono celular del mencionado abogado, se encontró información que vincula directamente a Muñoz con posibles delitos. La ministra Tohá, destacó que como gobierno nos preocupa, respetamos el trabajo de la fiscalía, es un órgano autónomo. Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley. Ante la pregunta recurrente sobre si se pedirá la renuncia de Muñoz, la ministra optó por no responder, enfatizando que el gobierno no debe intervenir en la investigación en curso, la cual está bajo la jurisdicción de la Fiscalía y se desarrolla de manera autónoma. Sin embargo, Tohá subrayó la preocupación del gobierno por garantizar que esta situación no afecte el trabajo policial ni la estrategia de seguridad, asegurando que se están recopilando antecedentes al respecto. El Gobierno va a recopilar antecedentes, estamos en eso. Y no tenemos nada más que informar por el momento , concluyó la ministra del Interior.
La aprobación de esta leyEste jueves el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley de Seguridad Privada, acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el mandatario celebró la culminación de un proceso legislativo que se extendió por más de una década. La aprobación de esta ley, que ocurrió con amplia mayoría en el Congreso, representa un hito significativo en la agenda priorizada de seguridad de la actual administración. Tras 14 años de discusión y análisis, se busca optimizar el uso de los recursos policiales, contribuyendo así a un mayor control territorial por parte de Carabineros. Una de las principales metas de esta normativa es liberar a los funcionarios policiales de tareas no policiales o administrativas que actualmente son responsabilidad del OS-10. Con un sector que moviliza cerca de 500 millones de dólares, la regulación de la industria de seguridad privada se vuelve imperativa. Según datos del 2023, en Chile existen más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, con más de 86 mil guardias y más de 7 mil vigilantes privados acreditados. En su discurso, el presidente expresó su satisfacción por la promulgación de esta ley después de años de espera, destacando la colaboración transversal que permitió su aprobación. Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente, las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado , afirmó el mandatario. Asimismo, subrayó la importancia de abordar la seguridad c omo un problema de Estado, que afecta a toda la ciudadanía independientemente de su afiliación política o sector de pertenencia. La nueva ley incluye la actualización de capacitaciones, la regulación de la seguridad en eventos masivos y la modificación de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. Es relevante destacar que hasta la fecha no existía en Chile una regulación legal e integral sobre la seguridad privada, la cual se desarrollaba bajo normativas sectoriales, leyes, decretos, reglamentos y manuales.