El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que a pesar del anuncio del presidente peruano José Jerí de decretar estado de emergencia en todas las provincias fronterizas y desplegar Fuerzas Armadas en esos territorios, Chile no registra por ahora efectos directos en el paso Chacalluta ni en la macrozona norte. Enfatizando que la vigilancia en la frontera con Arica y Parinacota se mantiene operativa y coordinada con las policías del país vecino, el ministro Cordero explicó que el Ejecutivo ha estado monitoreando de manera constante la situación en el límite norte. Esto se debe a las crisis humanitarias ocurridas en 2019 y 2023, cuando cientos de migrantes quedaron varados entre Chacalluta y Santa Rosa. Recientemente, viajó la semana pasada a la frontera por instrucción directa del Presidente Gabriel Boric, acompañado por Carabineros y la PDI, para evaluar riesgos y revisar los avances en tecnología y control territorial. Según sus palabras: “ Hasta ahora los flujos de migrantes hacia Chile se han reducido muy significativamente y los egresos se mantienen relativamente normales sin ninguna alteración”. Ante el llamado del gobernador de Arica, Diego Paco, quien solicitó la presencia del Presidente Boric en la zona, el ministro Cordero respondió: “ Los asuntos de seguridad pública interior, así como los asuntos de seguridad nacional, uno tiene que tratarlos con responsabilidad pública, no puede trabajarlos o discutirlos como si fueran asuntos de opinión pública y simplemente por los medios”. Cabe destacar que desde el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y Carabineros en febrero de 2023, se han llevado a cabo cerca de 47 mil acciones de control, 30 mil de ellas en Arica y Parinacota. El ministro señaló: “Yo solo le puedo transmitir al gobernador que las instituciones, tanto de las policías como de las fuerzas armadas en la zona fronteriza, tienen una acción permanente. Hay acciones tanto de orden público como de control fronterizo y otras de inteligencia que se están desarrollando en la región”. Respecto al posible impacto del despliegue militar anunciado por Perú, el ministro reiteró que no hay evidencia inmediata en Chile. Sin embargo, subrayó la importancia de la cooperación bilateral con Perú y Bolivia para hacer frente a posibles contingencias migratorias y de seguridad. En sus palabras: “Hasta ahora nosotros no tenemos una evaluación de impacto directo. Yo recuerdo, como en otros momentos lo he hecho, los trabajos de seguridad fronteriza son exitosos cuando se trabajan conjuntamente”. Fuente: ADN Radio Nacional
El Congreso de la República del Perú aprobó una ley que declara de interés nacional la recuperación y restauración de la goleta chilena Virgen de la Covadonga, hundida en 1880 frente a las costas de Chancay, en Lima; sin embargo, la decisión ha llamado la atención debido a que hay quienes consideran que en realidad se trata de una tumba de guerra. La iniciativa, respaldada por la Comisión de Cultura, busca que el Ministerio de Cultura encabece las acciones para rescatar los restos del emblemático buque de la Guerra del Pacífico, en tanto su estado de conservación lo permita, lo cual luce complicado y —probablemente— hasta imposible. La decisión —aprobada con 71 votos a favor, tres en contra y 13 abstenciones— despertó una ola de entusiasmo patriótico, especialmente en la comunidad de Chancay, donde el naufragio forma parte de la memoria local. Pero también encendió un debate complejo: ¿qué tan viable —y qué tan ético— es reflotar una nave que podría almacenar restos humanos? La medida, aprobada en primera votación, no autoriza directamente el reflotamiento ni asigna presupuesto específico, sino que abre el camino político para que el Ministerio de Cultura coordine con la Marina de Guerra del Perú, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad de Chancay. En términos prácticos, la declaración eleva el tema a rango de política pública patrimonial. Pero tanto la Marina de Guerra del Perú como historiadores peruanos y chilenos coinciden en que el gesto es más simbólico que operativo: no existe aún un plan técnico, un estudio de impacto ni una evaluación sobre la integridad real del pecio. El contralmirante Juan Carlos Yosa, de la Marina de Guerra del Perú, reconoció que la Covadonga está hecha de madera totalmente deteriorada por los años, por lo que intentar levantarla del fondo sería muy costoso y técnicamente riesgoso. Lo primero que podría pasar es que la estructura se parta, advirtió. Bajo las aguas del Pacífico, a unos 20 metros de profundidad, no reposa un barco intacto, sino un campo disperso de restos y fragmentos. El naufragio, provocado por la explosión de un bote cargado de dinamita —un acto de sabotaje naval durante la Guerra del Pacífico—, partió la nave en cuestión de minutos, dejando al comandante Pablo de Ferrari y decenas de tripulantes atrapados a bordo. Desde entonces, pescadores, buzos y misiones oficiales han extraído cañones, anclas y piezas de bronce. Informes de la Marina peruana en 1987 y 1998 confirmaron que el casco ya no tiene puntos de anclaje y que la madera está severamente degradada. En palabras de los especialistas, la Covadonga ya no es un buque, sino un conjunto arqueológico subacuático. En entrevista con Meganoticias, el historiador chileno Fernando Wilson, experto en historia naval, advirtió que la Covadonga no es solo un pecio histórico, sino una tumba de guerra. En términos estrictos, es una tumba de guerra. Hay restos humanos ahí —o los hubo— de los tripulantes, incluyendo al comandante Pablo de Ferrari, que murió con la detonación. Extraer una tumba de guerra no es simplemente una decisión administrativa El académico también recuerda que, según tradición y derecho marítimo, los buques hundidos mantienen soberanía del país bandera correspondiente. En este caso Chile. Lo cual podría generar implicaciones diplomáticas si Perú decide intervenir sin coordinación. Aunque el Gobierno chileno no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. La Covadonga fue una embarcación símbolo para Chile durante la Guerra del Pacífico. Reflotar sus restos sin acuerdo bilateral podría interpretarse como una acción unilateral sobre un bien considerado parte importante en su memoria militar. Por ahora el gesto peruano es percibido como una iniciativa con más peso político que arqueológico impulsada por el “espíritu patriótico y local” según reconoció Comisión Cultura. Fuente: Publimetro
El nuevo gobierno de Perú ha decidido imponer el estado de emergencia en Lima como respuesta a la inseguridad que se ha intensificado tras una masiva protesta en la capital. Durante esta manifestación, se registró un fallecido a manos de un policía y alrededor de cien heridos, marcando así los enfrentamientos más graves desde que comenzaron las protestas hace un mes en la ciudad. Estas protestas han sido lideradas por la 'generación Z', un grupo de jóvenes entre 18 y 30 años, en rechazo al Congreso y al recién instalado gobierno de derecha encabezado por José Jerí, quien asumió la presidencia de manera interina tras la destitución de Dina Boluarte luego de un juicio político exprés el 10 de octubre debido a la crisis de inseguridad. En este sentido, Jerí, de 38 años y anteriormente jefe del parlamento, estará al frente del país hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el mando después de las elecciones generales. Ernesto Álvarez, jefe del gabinete, anunció a los medios tras una reunión de ministros en el palacio de Gobierno que vamos a anunciar la decisión de declarar la emergencia, por lo menos en Lima Metropolitana. Bajo esta medida, el gobierno tendrá la facultad de desplegar militares en las calles para patrullar y restringir ciertos derechos como la libertad de reunión. La imposición del estado de emergencia busca contener la situación actual y hacer frente a los desafíos que plantea la inseguridad en Lima. Esta medida representa un paso importante para restaurar el orden y garantizar la seguridad ciudadana en medio de un clima tenso marcado por las protestas y los enfrentamientos violentos. Fuente: Meganoticias
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sorprendió al visitar las ruinas de El Frontón, la cárcel peruana comparada con Alcatraz al encontrarse en una isla frente a la capital Lima, y anunciar que reconstruirá esa prisión destruida en 1986, cuando fue bombardeada para aplacar un motín de miembros de Sendero Luminoso condenados por terrorismo. Desde que Boluarte anunciase de manera imprevista este plan para volver a hacer una nueva cárcel en la isla de El Frontón se ha generado una nueva controversia en el país, entre quienes quieren a toda costa una prisión de condiciones feroces para los criminales más peligrosos y quienes advierten del alto coste que supone tener un penal en una isla desierta. La cárcel original de El Frontón funcionó desde 1917, cuando fue construida como una prisión para delincuentes de alta peligrosidad en esta isla de aproximadamente un kilómetro cuadrado situada a 7 kilómetros de las costas de Lima y Callao. En varios episodios albergó a presos políticos y desde el inicio del conflicto armado interno (1980-2000) sirvió para recluir a integrantes de la organización subversiva Sendero Luminoso condenados por terrorismo, quienes en 1986 protagonizaron un gran motín en esta y otras cárceles que acabó con la matanza de más de doscientos prisioneros. En El Frontón, donde murieron 118 presos y tres militares, la Armada demolió el pabellón con explosivos y posteriormente, ya una vez rendidos los presos, fueron llevados a una zona de la isla llamada “los baños” donde, según los testigos, fueron asesinados con disparos y bayonetas, en un caso de ejecuciones extrajudiciales que todavía está en manos de la Justicia. Posteriormente la prisión fue demolida y olvidada, usada como refugio de pescadores artesanales que navegan por la zona, hasta ahora, cuando Boluarte volvió a pisar de la isla el domingo. Ministro de Justicia quiere acelerar proyecto El anuncio de la nueva cárcel se hizo tras la llegada a la cartera de Justicia y Derechos Humanos de Juan José Santiváñez, uno de los ministros de mayor confianza de la presidenta Boluarte, pese a haber sido censurado hace pocos meses como titular del Interior por “incompetencia” para combatir a las organizaciones criminales y enfrentar varias investigaciones en la Fiscalía. Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que dentro del Gobierno defiende la postura de que Perú se salga del Pacto de San José para desvincularse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que la cárcel en El Frontón costará 174 millones de dólares (149 millones de euros). En un acto público el lunes, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos detalló que la nueva prisión proyectada en esa isla tendrá una capacidad para 2.000 presos y aseguró que el viernes de esta semana firmarán un convenio con el Ministerio de Defensa para que los ingenieros del Ejército comiencen con el movimiento de tierras y “empezar la construcción”. “Va a ser un centro de reclusión absolutamente cerrado, sin visitas. Ahí irán los sicarios, los asesinos y los extorsionadores…”, dijo Santiváñez. “Es absurdo”, dice exautoridad penitenciaria Sin embargo, un informe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de 2023 difundido por el medio digital Epicentro TV advertía que una nueva cárcel en la isla de El Frontón apenas podría albergar en el mejor de los casos a 108 reos y recordaba que el Alcatraz de Estados Unidos tuvo que cerrar por los altos costos de mantenimiento. La autoridad penitenciaria recomendaba en ese entonces abordar otros proyectos de construcción de nuevas prisiones con mayor capacidad que permitiesen en mayor medida reducir el hacinamiento, pues la población penitenciaria acoge actualmente a más de 100.000 reclusos cuando la capacidad en conjunto de las cárceles no sobrepasa los 42.000. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, señaló al Canal N que espera que esta cárcel anunciada por el Gobierno no siga el modelo instaurado en El Salvador por su presidente Nayib Bukele, donde “se violan los derechos humanos” al estar “seres humanos enjaulados sin ningún tipo de intimidad”. “Es absurdo”, aseveró el exministro del Interior y el expresidente del Inpe Luis Pérez Guadalupe, para quien “esta no es una propuesta técnica en lo absoluto, es política”. “Este penal no se va a construir para 1.200 personas. No saben lo que cuesta construir un penal y alimentar a todas esas personas todos los días”, apuntó.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que a pesar del anuncio del presidente peruano José Jerí de decretar estado de emergencia en todas las provincias fronterizas y desplegar Fuerzas Armadas en esos territorios, Chile no registra por ahora efectos directos en el paso Chacalluta ni en la macrozona norte. Enfatizando que la vigilancia en la frontera con Arica y Parinacota se mantiene operativa y coordinada con las policías del país vecino, el ministro Cordero explicó que el Ejecutivo ha estado monitoreando de manera constante la situación en el límite norte. Esto se debe a las crisis humanitarias ocurridas en 2019 y 2023, cuando cientos de migrantes quedaron varados entre Chacalluta y Santa Rosa. Recientemente, viajó la semana pasada a la frontera por instrucción directa del Presidente Gabriel Boric, acompañado por Carabineros y la PDI, para evaluar riesgos y revisar los avances en tecnología y control territorial. Según sus palabras: “ Hasta ahora los flujos de migrantes hacia Chile se han reducido muy significativamente y los egresos se mantienen relativamente normales sin ninguna alteración”. Ante el llamado del gobernador de Arica, Diego Paco, quien solicitó la presencia del Presidente Boric en la zona, el ministro Cordero respondió: “ Los asuntos de seguridad pública interior, así como los asuntos de seguridad nacional, uno tiene que tratarlos con responsabilidad pública, no puede trabajarlos o discutirlos como si fueran asuntos de opinión pública y simplemente por los medios”. Cabe destacar que desde el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y Carabineros en febrero de 2023, se han llevado a cabo cerca de 47 mil acciones de control, 30 mil de ellas en Arica y Parinacota. El ministro señaló: “Yo solo le puedo transmitir al gobernador que las instituciones, tanto de las policías como de las fuerzas armadas en la zona fronteriza, tienen una acción permanente. Hay acciones tanto de orden público como de control fronterizo y otras de inteligencia que se están desarrollando en la región”. Respecto al posible impacto del despliegue militar anunciado por Perú, el ministro reiteró que no hay evidencia inmediata en Chile. Sin embargo, subrayó la importancia de la cooperación bilateral con Perú y Bolivia para hacer frente a posibles contingencias migratorias y de seguridad. En sus palabras: “Hasta ahora nosotros no tenemos una evaluación de impacto directo. Yo recuerdo, como en otros momentos lo he hecho, los trabajos de seguridad fronteriza son exitosos cuando se trabajan conjuntamente”. Fuente: ADN Radio Nacional
El Congreso de la República del Perú aprobó una ley que declara de interés nacional la recuperación y restauración de la goleta chilena Virgen de la Covadonga, hundida en 1880 frente a las costas de Chancay, en Lima; sin embargo, la decisión ha llamado la atención debido a que hay quienes consideran que en realidad se trata de una tumba de guerra. La iniciativa, respaldada por la Comisión de Cultura, busca que el Ministerio de Cultura encabece las acciones para rescatar los restos del emblemático buque de la Guerra del Pacífico, en tanto su estado de conservación lo permita, lo cual luce complicado y —probablemente— hasta imposible. La decisión —aprobada con 71 votos a favor, tres en contra y 13 abstenciones— despertó una ola de entusiasmo patriótico, especialmente en la comunidad de Chancay, donde el naufragio forma parte de la memoria local. Pero también encendió un debate complejo: ¿qué tan viable —y qué tan ético— es reflotar una nave que podría almacenar restos humanos? La medida, aprobada en primera votación, no autoriza directamente el reflotamiento ni asigna presupuesto específico, sino que abre el camino político para que el Ministerio de Cultura coordine con la Marina de Guerra del Perú, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad de Chancay. En términos prácticos, la declaración eleva el tema a rango de política pública patrimonial. Pero tanto la Marina de Guerra del Perú como historiadores peruanos y chilenos coinciden en que el gesto es más simbólico que operativo: no existe aún un plan técnico, un estudio de impacto ni una evaluación sobre la integridad real del pecio. El contralmirante Juan Carlos Yosa, de la Marina de Guerra del Perú, reconoció que la Covadonga está hecha de madera totalmente deteriorada por los años, por lo que intentar levantarla del fondo sería muy costoso y técnicamente riesgoso. Lo primero que podría pasar es que la estructura se parta, advirtió. Bajo las aguas del Pacífico, a unos 20 metros de profundidad, no reposa un barco intacto, sino un campo disperso de restos y fragmentos. El naufragio, provocado por la explosión de un bote cargado de dinamita —un acto de sabotaje naval durante la Guerra del Pacífico—, partió la nave en cuestión de minutos, dejando al comandante Pablo de Ferrari y decenas de tripulantes atrapados a bordo. Desde entonces, pescadores, buzos y misiones oficiales han extraído cañones, anclas y piezas de bronce. Informes de la Marina peruana en 1987 y 1998 confirmaron que el casco ya no tiene puntos de anclaje y que la madera está severamente degradada. En palabras de los especialistas, la Covadonga ya no es un buque, sino un conjunto arqueológico subacuático. En entrevista con Meganoticias, el historiador chileno Fernando Wilson, experto en historia naval, advirtió que la Covadonga no es solo un pecio histórico, sino una tumba de guerra. En términos estrictos, es una tumba de guerra. Hay restos humanos ahí —o los hubo— de los tripulantes, incluyendo al comandante Pablo de Ferrari, que murió con la detonación. Extraer una tumba de guerra no es simplemente una decisión administrativa El académico también recuerda que, según tradición y derecho marítimo, los buques hundidos mantienen soberanía del país bandera correspondiente. En este caso Chile. Lo cual podría generar implicaciones diplomáticas si Perú decide intervenir sin coordinación. Aunque el Gobierno chileno no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. La Covadonga fue una embarcación símbolo para Chile durante la Guerra del Pacífico. Reflotar sus restos sin acuerdo bilateral podría interpretarse como una acción unilateral sobre un bien considerado parte importante en su memoria militar. Por ahora el gesto peruano es percibido como una iniciativa con más peso político que arqueológico impulsada por el “espíritu patriótico y local” según reconoció Comisión Cultura. Fuente: Publimetro
El nuevo gobierno de Perú ha decidido imponer el estado de emergencia en Lima como respuesta a la inseguridad que se ha intensificado tras una masiva protesta en la capital. Durante esta manifestación, se registró un fallecido a manos de un policía y alrededor de cien heridos, marcando así los enfrentamientos más graves desde que comenzaron las protestas hace un mes en la ciudad. Estas protestas han sido lideradas por la 'generación Z', un grupo de jóvenes entre 18 y 30 años, en rechazo al Congreso y al recién instalado gobierno de derecha encabezado por José Jerí, quien asumió la presidencia de manera interina tras la destitución de Dina Boluarte luego de un juicio político exprés el 10 de octubre debido a la crisis de inseguridad. En este sentido, Jerí, de 38 años y anteriormente jefe del parlamento, estará al frente del país hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el mando después de las elecciones generales. Ernesto Álvarez, jefe del gabinete, anunció a los medios tras una reunión de ministros en el palacio de Gobierno que vamos a anunciar la decisión de declarar la emergencia, por lo menos en Lima Metropolitana. Bajo esta medida, el gobierno tendrá la facultad de desplegar militares en las calles para patrullar y restringir ciertos derechos como la libertad de reunión. La imposición del estado de emergencia busca contener la situación actual y hacer frente a los desafíos que plantea la inseguridad en Lima. Esta medida representa un paso importante para restaurar el orden y garantizar la seguridad ciudadana en medio de un clima tenso marcado por las protestas y los enfrentamientos violentos. Fuente: Meganoticias
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sorprendió al visitar las ruinas de El Frontón, la cárcel peruana comparada con Alcatraz al encontrarse en una isla frente a la capital Lima, y anunciar que reconstruirá esa prisión destruida en 1986, cuando fue bombardeada para aplacar un motín de miembros de Sendero Luminoso condenados por terrorismo. Desde que Boluarte anunciase de manera imprevista este plan para volver a hacer una nueva cárcel en la isla de El Frontón se ha generado una nueva controversia en el país, entre quienes quieren a toda costa una prisión de condiciones feroces para los criminales más peligrosos y quienes advierten del alto coste que supone tener un penal en una isla desierta. La cárcel original de El Frontón funcionó desde 1917, cuando fue construida como una prisión para delincuentes de alta peligrosidad en esta isla de aproximadamente un kilómetro cuadrado situada a 7 kilómetros de las costas de Lima y Callao. En varios episodios albergó a presos políticos y desde el inicio del conflicto armado interno (1980-2000) sirvió para recluir a integrantes de la organización subversiva Sendero Luminoso condenados por terrorismo, quienes en 1986 protagonizaron un gran motín en esta y otras cárceles que acabó con la matanza de más de doscientos prisioneros. En El Frontón, donde murieron 118 presos y tres militares, la Armada demolió el pabellón con explosivos y posteriormente, ya una vez rendidos los presos, fueron llevados a una zona de la isla llamada “los baños” donde, según los testigos, fueron asesinados con disparos y bayonetas, en un caso de ejecuciones extrajudiciales que todavía está en manos de la Justicia. Posteriormente la prisión fue demolida y olvidada, usada como refugio de pescadores artesanales que navegan por la zona, hasta ahora, cuando Boluarte volvió a pisar de la isla el domingo. Ministro de Justicia quiere acelerar proyecto El anuncio de la nueva cárcel se hizo tras la llegada a la cartera de Justicia y Derechos Humanos de Juan José Santiváñez, uno de los ministros de mayor confianza de la presidenta Boluarte, pese a haber sido censurado hace pocos meses como titular del Interior por “incompetencia” para combatir a las organizaciones criminales y enfrentar varias investigaciones en la Fiscalía. Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que dentro del Gobierno defiende la postura de que Perú se salga del Pacto de San José para desvincularse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que la cárcel en El Frontón costará 174 millones de dólares (149 millones de euros). En un acto público el lunes, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos detalló que la nueva prisión proyectada en esa isla tendrá una capacidad para 2.000 presos y aseguró que el viernes de esta semana firmarán un convenio con el Ministerio de Defensa para que los ingenieros del Ejército comiencen con el movimiento de tierras y “empezar la construcción”. “Va a ser un centro de reclusión absolutamente cerrado, sin visitas. Ahí irán los sicarios, los asesinos y los extorsionadores…”, dijo Santiváñez. “Es absurdo”, dice exautoridad penitenciaria Sin embargo, un informe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de 2023 difundido por el medio digital Epicentro TV advertía que una nueva cárcel en la isla de El Frontón apenas podría albergar en el mejor de los casos a 108 reos y recordaba que el Alcatraz de Estados Unidos tuvo que cerrar por los altos costos de mantenimiento. La autoridad penitenciaria recomendaba en ese entonces abordar otros proyectos de construcción de nuevas prisiones con mayor capacidad que permitiesen en mayor medida reducir el hacinamiento, pues la población penitenciaria acoge actualmente a más de 100.000 reclusos cuando la capacidad en conjunto de las cárceles no sobrepasa los 42.000. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, señaló al Canal N que espera que esta cárcel anunciada por el Gobierno no siga el modelo instaurado en El Salvador por su presidente Nayib Bukele, donde “se violan los derechos humanos” al estar “seres humanos enjaulados sin ningún tipo de intimidad”. “Es absurdo”, aseveró el exministro del Interior y el expresidente del Inpe Luis Pérez Guadalupe, para quien “esta no es una propuesta técnica en lo absoluto, es política”. “Este penal no se va a construir para 1.200 personas. No saben lo que cuesta construir un penal y alimentar a todas esas personas todos los días”, apuntó.