La implementación de la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME) tiene como objetivo garantizar una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Política Migratoria, busca unir los esfuerzos de actores del Estado, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales que promueven los Derechos Humanos, género, derechos de la niñez y adolescencia e interculturalidad.

Dentro de las 28 medidas urgentes de la PNME, se destaca la implementación de 76 puntos de empadronamiento biométrico al interior de recintos de la Policía de Investigaciones (PDI), según lo anunciado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Estos puntos permitirán registrar a los extranjeros mayores de 18 años que ingresaron al país hasta el 30 de mayo de 2023 por pasos no habilitados y que residen actualmente en el país.

La PNME se enfocará en dos aspectos principales: la gestión interna y el control de fronteras. 

En cuanto a la gestión interna, se fortalecerán las capacidades del Servicio Nacional de Migraciones para normalizar el funcionamiento y agilizar los trámites de residencia regular, especialmente para aquellos que tienen contratos u ofertas de trabajo en sectores con escasez de trabajadores o por vínculos familiares. Además, se priorizará la protección de los niños, niñas y adolescentes no acompañados y en situación de vulnerabilidad, así como de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, trata y tráfico.

En cuanto al control de fronteras, se aplicarán sanciones, especialmente a aquellas personas con antecedentes penales, que podrán ser expulsadas por su nula contribución al desarrollo del país. También se buscará desmantelar las redes de tráfico y trata de personas en las que estén involucrados extranjeros.

Para llevar a cabo estas medidas, se establecerá un Comité Interinstitucional encargado de materializar las expulsiones administrativas y judiciales pendientes desde el 2013. Además, se desarrollará e implementará un Plan de fortalecimiento de capacidades locales y regionales, destinando mil millones de pesos para mejorar la situación de los municipios afectados por el aumento de llegada o tránsito de personas migrantes. También se implementará un Plan de fortalecimiento de la matrícula educativa para dar respuesta al desafío de la migración interna e internacional, ampliando la oferta educativa y generando soluciones de infraestructura.