La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo ya entregó a la Contraloría General de la República todos los antecedentes solicitados tras la controversia generada por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en contenidos oficiales. La secretaria de Estado subrayó que la respuesta se envió dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórroga. El requerimiento del organismo fiscalizador se originó el pasado 25 de marzo, cuando ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto y fundamento de publicaciones difundidas en redes sociales institucionales. Entre el material cuestionado figuraban un video y piezas gráficas en Instagram que afirmaban : “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. La frase generó un amplio debate político y económico. Desde el propio gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia al asegurar que “jamás” emplearía ese concepto para describir la situación fiscal del país. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y afirmó que el Gobierno corrigió el mensaje, comprometiendo mejoras en la forma de comunicar. En ese contexto, Sedini insistió en que el Ejecutivo ha actuado con total disposición a colaborar con la institucionalidad. “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, afirmó, según consignó BioBioChile. No obstante, llamó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término. “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”, recalcó. La vocera también planteó que la polémica debe entenderse en un escenario más amplio, marcado por factores externos. “Toda esta discusión se da en el marco de una crisis internacional, y nosotros hemos estado enfocados en responder a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo. Por ahora, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento específico sobre este caso. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado que se encuentra en desarrollo. Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado deficiencias sostenidas en el tiempo. “Esa auditoría que están desarrollando los auditores internos y ministeriales va a encontrar cosas”, señaló, anticipando hallazgos relevantes. En paralelo, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregue un primer informe con conclusiones preliminares, lo que podría aportar nuevos antecedentes tanto al debate político como al análisis técnico sobre el funcionamiento del aparato estatal. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en contra de 910 funcionarios públicos y municipales pertenecientes a 371 entidades estatales. Estos individuos han sido acusados de realizar transacciones en casinos vinculadas a juegos de azar por un total de $11.490.456.871, a pesar de estar legalmente prohibidos de apostar, durante el período comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025. Según el Consolidado de Investigación Circularizada (CIC) N° 20 emitido por la Contraloría, se ha identificado que 181 funcionarios concentran el 96,8% del monto total transaccionado, equivalente a $11.118.431.956. En estos casos, las cantidades apostadas no coinciden con sus ingresos declarados. Este informe se basa en el cruce de información entre el registro de funcionarios que manejan fondos públicos -y que tienen prohibido apostar en casinos- y los datos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) sobre los clientes que realizaron operaciones en casinos. Además, el informe señala que varios servicios públicos y municipalidades tienen funcionarios cuyas apuestas representan montos significativos y que pertenecen a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos estatales, con cifras individuales que superan los mil millones de pesos en algunos casos. En total, las 20 mayores sumas apostadas alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios con roles directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos. Ante estos hallazgos, la Contraloría enviará el listado de los 910 funcionarios involucrados a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización e investigación, así como para instruir los procedimientos sancionatorios correspondientes. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades respectivos para que inicien procesos disciplinarios y determinen posibles responsabilidades administrativas. Adicionalmente, se compartirán los datos con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que tomen las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias. Fuente: Publimetro
En una declaración emitida durante la mañana de este jueves, la Contraloría informó que ha tomado razón del decreto que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de las ranitas de Darwin. Hemos cursado el Decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin, precisó el organismo. Según la Contraloría, el plan incluye medidas como la recuperación del bosque templado austral, vital para la supervivencia de las ranitas, el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel, así como actividades de investigación y monitoreo. El martes pasado, el Gobierno retiró 43 decretos emitidos por Contraloría durante la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, el decreto en cuestión fue reintroducido el 18 de marzo, apenas un día después. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029 fue retirado de la Contraloría General de la República (CGR), donde se encontraba en la etapa de toma de razón. Según sus declaraciones, Ese proyecto se va a revisar, como corresponde a una nueva administración, y luego va a ser reingresado a Contraloría, cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto. Además, Rabat explicó que una vez revisado, el plan será reingresado con las modificaciones que considere pertinentes el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la ley. El plan en cuestión fue presentado por el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, e incluía 175 acciones en diversos organismos públicos. Estas acciones tenían como objetivo principal promover la igualdad y no discriminación, fortalecer el acceso a la justicia, proteger contra la violencia, preservar la memoria histórica, fomentar el desarrollo sostenible y educar en derechos humanos. De acuerdo con información publicada por La Tercera , este proceso de revisión del plan contó con aproximadamente 140 reuniones técnicas, así como con la inclusión de propuestas ciudadanas y la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha tomado razón del reglamento que establece estándares técnicos y requisitos formales para la representación judicial de mujeres víctimas de violencia de género, enmarcado en la Ley Integral contra la violencia de género. Esta medida permitirá que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género inicie acciones judiciales en casos de femicidio o suicidio femicida sin necesidad del patrocinio previo de las víctimas o sus familias, con el fin de garantizar una respuesta institucional más ágil. Con esta nueva disposición, el Estado tendrá la facultad de presentar querellas por casos de femicidio o suicidio femicida por iniciativa propia, lo que representa un avance significativo en la implementación de la normativa. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá iniciar acciones judiciales a través de sus abogados regionales sin requerir el patrocinio previo de las víctimas o sus familiares en este tipo de delitos, asegurando así una respuesta institucional más rápida desde el inicio del proceso. Hasta ahora, a pesar de que SernamEG brindaba asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, la representación judicial solo era posible si las víctimas o sus familias otorgaban formalmente el patrocinio al servicio. En 2025, los Centros Especializados de Violencia de Género del organismo llevaron a cabo más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias, además de asumir 1.293 representaciones judiciales. El reglamento también establece estándares técnicos para las instituciones públicas y privadas que mantienen convenios con SernamEG para representar a víctimas, con el propósito de garantizar una atención especializada y adecuada. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que la violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia. Asimismo, destacó que la Ley Integral contempla la representación legal y que el reglamento constituye un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación. Es importante recordar que la Ley Integral establece diversas obligaciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género. Además, crea un Sistema Integrado de Información destinado a articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, seguimiento y protección de las víctimas, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país. Fuente: CNN Chile País
La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo ya entregó a la Contraloría General de la República todos los antecedentes solicitados tras la controversia generada por el uso de la expresión “Estado en quiebra” en contenidos oficiales. La secretaria de Estado subrayó que la respuesta se envió dentro del plazo establecido, sin necesidad de solicitar prórroga. El requerimiento del organismo fiscalizador se originó el pasado 25 de marzo, cuando ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno para aclarar el contexto y fundamento de publicaciones difundidas en redes sociales institucionales. Entre el material cuestionado figuraban un video y piezas gráficas en Instagram que afirmaban : “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra”. La frase generó un amplio debate político y económico. Desde el propio gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia al asegurar que “jamás” emplearía ese concepto para describir la situación fiscal del país. Posteriormente, el presidente José Antonio Kast reconoció el error comunicacional y afirmó que el Gobierno corrigió el mensaje, comprometiendo mejoras en la forma de comunicar. En ese contexto, Sedini insistió en que el Ejecutivo ha actuado con total disposición a colaborar con la institucionalidad. “Valoramos muchísimo la función que tiene la Contraloría General de la República y es por eso que hemos trabajado por responder”, afirmó, según consignó BioBioChile. No obstante, llamó a no centrar el debate únicamente en el uso de un término. “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”, recalcó. La vocera también planteó que la polémica debe entenderse en un escenario más amplio, marcado por factores externos. “Toda esta discusión se da en el marco de una crisis internacional, y nosotros hemos estado enfocados en responder a las necesidades de la ciudadanía”, sostuvo. Por ahora, la Contraloría no ha emitido un nuevo pronunciamiento específico sobre este caso. Sin embargo, su máxima autoridad, Dorothy Pérez, abordó recientemente el proceso de auditoría general del Estado que se encuentra en desarrollo. Durante un conversatorio en la Universidad de Los Andes, la contralora advirtió que el sistema de control institucional ha presentado deficiencias sostenidas en el tiempo. “Esa auditoría que están desarrollando los auditores internos y ministeriales va a encontrar cosas”, señaló, anticipando hallazgos relevantes. En paralelo, se espera que el próximo 10 de abril el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno entregue un primer informe con conclusiones preliminares, lo que podría aportar nuevos antecedentes tanto al debate político como al análisis técnico sobre el funcionamiento del aparato estatal. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en contra de 910 funcionarios públicos y municipales pertenecientes a 371 entidades estatales. Estos individuos han sido acusados de realizar transacciones en casinos vinculadas a juegos de azar por un total de $11.490.456.871, a pesar de estar legalmente prohibidos de apostar, durante el período comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025. Según el Consolidado de Investigación Circularizada (CIC) N° 20 emitido por la Contraloría, se ha identificado que 181 funcionarios concentran el 96,8% del monto total transaccionado, equivalente a $11.118.431.956. En estos casos, las cantidades apostadas no coinciden con sus ingresos declarados. Este informe se basa en el cruce de información entre el registro de funcionarios que manejan fondos públicos -y que tienen prohibido apostar en casinos- y los datos proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) sobre los clientes que realizaron operaciones en casinos. Además, el informe señala que varios servicios públicos y municipalidades tienen funcionarios cuyas apuestas representan montos significativos y que pertenecen a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos estatales, con cifras individuales que superan los mil millones de pesos en algunos casos. En total, las 20 mayores sumas apostadas alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios con roles directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos. Ante estos hallazgos, la Contraloría enviará el listado de los 910 funcionarios involucrados a la Superintendencia de Casinos de Juego para que ejerza sus facultades de fiscalización e investigación, así como para instruir los procedimientos sancionatorios correspondientes. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades respectivos para que inicien procesos disciplinarios y determinen posibles responsabilidades administrativas. Adicionalmente, se compartirán los datos con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que tomen las medidas necesarias dentro del ámbito de sus competencias. Fuente: Publimetro
En una declaración emitida durante la mañana de este jueves, la Contraloría informó que ha tomado razón del decreto que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de las ranitas de Darwin. Hemos cursado el Decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin, precisó el organismo. Según la Contraloría, el plan incluye medidas como la recuperación del bosque templado austral, vital para la supervivencia de las ranitas, el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel, así como actividades de investigación y monitoreo. El martes pasado, el Gobierno retiró 43 decretos emitidos por Contraloría durante la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, el decreto en cuestión fue reintroducido el 18 de marzo, apenas un día después. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029 fue retirado de la Contraloría General de la República (CGR), donde se encontraba en la etapa de toma de razón. Según sus declaraciones, Ese proyecto se va a revisar, como corresponde a una nueva administración, y luego va a ser reingresado a Contraloría, cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto. Además, Rabat explicó que una vez revisado, el plan será reingresado con las modificaciones que considere pertinentes el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la ley. El plan en cuestión fue presentado por el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, e incluía 175 acciones en diversos organismos públicos. Estas acciones tenían como objetivo principal promover la igualdad y no discriminación, fortalecer el acceso a la justicia, proteger contra la violencia, preservar la memoria histórica, fomentar el desarrollo sostenible y educar en derechos humanos. De acuerdo con información publicada por La Tercera , este proceso de revisión del plan contó con aproximadamente 140 reuniones técnicas, así como con la inclusión de propuestas ciudadanas y la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha tomado razón del reglamento que establece estándares técnicos y requisitos formales para la representación judicial de mujeres víctimas de violencia de género, enmarcado en la Ley Integral contra la violencia de género. Esta medida permitirá que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género inicie acciones judiciales en casos de femicidio o suicidio femicida sin necesidad del patrocinio previo de las víctimas o sus familias, con el fin de garantizar una respuesta institucional más ágil. Con esta nueva disposición, el Estado tendrá la facultad de presentar querellas por casos de femicidio o suicidio femicida por iniciativa propia, lo que representa un avance significativo en la implementación de la normativa. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género podrá iniciar acciones judiciales a través de sus abogados regionales sin requerir el patrocinio previo de las víctimas o sus familiares en este tipo de delitos, asegurando así una respuesta institucional más rápida desde el inicio del proceso. Hasta ahora, a pesar de que SernamEG brindaba asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, la representación judicial solo era posible si las víctimas o sus familias otorgaban formalmente el patrocinio al servicio. En 2025, los Centros Especializados de Violencia de Género del organismo llevaron a cabo más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias, además de asumir 1.293 representaciones judiciales. El reglamento también establece estándares técnicos para las instituciones públicas y privadas que mantienen convenios con SernamEG para representar a víctimas, con el propósito de garantizar una atención especializada y adecuada. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, enfatizó que la violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia. Asimismo, destacó que la Ley Integral contempla la representación legal y que el reglamento constituye un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación. Es importante recordar que la Ley Integral establece diversas obligaciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género. Además, crea un Sistema Integrado de Información destinado a articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, seguimiento y protección de las víctimas, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país. Fuente: CNN Chile País
