El Estado argentino dejó de pagar los sueldos mensuales de los obispos de la Iglesia católica, según anunció la jerarquía eclesiástica en un comunicado reciente. Esta decisión, que comenzó a gestarse en 2018 con la aprobación de la ley del aborto, fue confirmada por el portavoz presidencial Javier Milei, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa.

Adorni explicó que la Conferencia Episcopal argentina finalizó efectivamente la asignación mensual a través de la cual el Estado se hacía cargo de los salarios de algunos obispos y arzobispos. Según sus palabras, esta medida está alineada con los principios del actual Gobierno: austeridad en el gasto y defensa de la libertad religiosa. Adorni añadió que consideran que el Estado no debería otorgar un trato desigual entre diferentes religiones o cultos.

La asignación económica, valorada globalmente en unos 55.000 dólares al mes, dejó de aplicarse desde el pasado 1º de enero. Esta ayuda se basaba en lo establecido en el artículo 2º de la Constitución argentina, donde se menciona que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano".

Sin embargo, hace más de cinco años, durante el mandato del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), la Conferencia Episcopal Argentina mantuvo conversaciones con el gobierno para abordar este tema en medio del creciente reclamo político por una separación clara entre Iglesia y Estado. En ese momento acordaron que esta medida entraría en vigor al finalizar la Administración actual encabezada por Alberto Fernández (2019-2023).