El ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó las modificaciones propuestas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, con el objetivo de ampliar el acceso al beneficio y eliminar el límite actual de 20 trabajadoras por empresa. En una entrevista con Radio Infinita, Rau explicó que la propuesta implica una cotización del 0,35% a cargo del empleador para financiar un nuevo Fondo de Sala Cuna, administrado por el IPS. Además, señaló que esta contribución será compensada con una reducción equivalente en las cotizaciones al seguro de cesantía, con el fin de evitar que se convierta en una carga adicional para las empresas. En sus palabras, no podemos seguir aumentando los costos laborales. Según detalló el ministro, la cotización del 0,35% destinada al Fondo de Sala Cuna se verá reflejada en una disminución correspondiente en el seguro de cesantía. Esta reducción se distribuirá en 0,2 puntos porcentuales menos para las cuentas individuales y 0,15 puntos menos para el Fondo de Cesantía Solidario. Rau reconoció que este ajuste podría impactar las cuentas individuales de los trabajadores, estimando una reducción cercana al 7%. Sin embargo, enfatizó que esto no es un retiro de fondos, es una reducción en la cotización. El ministro aseguró que el sistema contará con respaldo fiscal, incluyendo un aporte inicial del Estado y una garantía en caso de insuficiencia de recursos en el fondo. Si faltan recursos, el Estado va a complementar el fondo, afirmó. En cuanto al proceso legislativo, Rau valoró el apoyo transversal al proyecto y destacó que la propuesta no parte desde cero, sino que incorpora elementos de administraciones anteriores. Siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado. Acá no se trataba de borrar todo y partir de cero, subrayó. La discusión continuará ahora en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará avanzar en una reforma que amplíe la cobertura de sala cuna sin aumentar los costos laborales. Fuente: ADN Radio Nacional
El 12 de enero de 2026, Chile dio un paso trascendental al clausurar de manera definitiva el Servicio Nacional de Menores (Sename), una entidad que por 46 años tuvo a su cargo la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como la gestión de jóvenes en conflicto con la ley. Este cierre marca el fin de una era y el comienzo de una profunda reestructuración del sistema de infancia. Creado en 1979 como el primer organismo público dedicado exclusivamente a la niñez y adolescencia, el Sename ha acumulado funciones, tensiones y críticas a lo largo de los años. Desde la protección de derechos hasta la administración de sanciones penales juveniles, todas bajo una misma estructura, lo que se convirtió en uno de los principales cuestionamientos al modelo. Aunque el hito se materializó en 2026, el fin del Sename no fue repentino. Desde 2021, el Estado inició un proceso de transición con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, enfocado exclusivamente en niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Posteriormente, en 2023, se estableció el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de implementar las medidas y sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Con esta separación, se buscó corregir la histórica práctica del Sename de abordar tanto la protección como el castigo bajo una misma lógica. Si bien desde el Gobierno se ha hablado de aprendizajes institucionales y una nueva etapa para el Estado chileno, el cierre del Sename también implica un reconocimiento implícito de que el modelo anterior no cumplió con las expectativas. A lo largo de los años, el Sename estuvo envuelto en escándalos, informes críticos, denuncias por violaciones a los derechos humanos y críticas tanto nacionales como internacionales. Su nombre se convirtió en sinónimo de abandono estatal para muchos sectores de la población. Uno de los aspectos clave del cierre fue el trato hacia los trabajadores. Se destacó el compromiso de miles de funcionarios y colaboradores que, a pesar de las limitaciones del sistema, brindaron atención diaria a niños y adolescentes. Este énfasis busca evitar que el cierre sea percibido como unborrón y cuenta nueva sin asumir responsabilidades. Las nuevas entidades heredaron personal, experiencias y programas con el objetivo de garantizar continuidad y evitar vacíos en la atención. Sin embargo, expertos advierten que el verdadero desafío no es tanto institucional como operativo y territorial. Con la clausura del Sename, el Estado apuesta por un sistema más especializado con estándares diferenciados y objetivos claros: protección integral por un lado y reinserción social por otro. La premisa es clara: colocar en primer plano la dignidad, bienestar y derechos de niños, niñas y adolescentes. No obstante, el cierre no resuelve los problemas subyacentes. La pobreza, la violencia, la exclusión social y la reincidencia juvenil continúan presentes. El éxito del nuevo modelo dependerá del presupuesto, formación del personal, supervisión efectiva y coordinación con los sistemas judicial, educativo y sanitario. Fuente: Publimetro
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó las modificaciones propuestas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, con el objetivo de ampliar el acceso al beneficio y eliminar el límite actual de 20 trabajadoras por empresa. En una entrevista con Radio Infinita, Rau explicó que la propuesta implica una cotización del 0,35% a cargo del empleador para financiar un nuevo Fondo de Sala Cuna, administrado por el IPS. Además, señaló que esta contribución será compensada con una reducción equivalente en las cotizaciones al seguro de cesantía, con el fin de evitar que se convierta en una carga adicional para las empresas. En sus palabras, no podemos seguir aumentando los costos laborales. Según detalló el ministro, la cotización del 0,35% destinada al Fondo de Sala Cuna se verá reflejada en una disminución correspondiente en el seguro de cesantía. Esta reducción se distribuirá en 0,2 puntos porcentuales menos para las cuentas individuales y 0,15 puntos menos para el Fondo de Cesantía Solidario. Rau reconoció que este ajuste podría impactar las cuentas individuales de los trabajadores, estimando una reducción cercana al 7%. Sin embargo, enfatizó que esto no es un retiro de fondos, es una reducción en la cotización. El ministro aseguró que el sistema contará con respaldo fiscal, incluyendo un aporte inicial del Estado y una garantía en caso de insuficiencia de recursos en el fondo. Si faltan recursos, el Estado va a complementar el fondo, afirmó. En cuanto al proceso legislativo, Rau valoró el apoyo transversal al proyecto y destacó que la propuesta no parte desde cero, sino que incorpora elementos de administraciones anteriores. Siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado. Acá no se trataba de borrar todo y partir de cero, subrayó. La discusión continuará ahora en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará avanzar en una reforma que amplíe la cobertura de sala cuna sin aumentar los costos laborales. Fuente: ADN Radio Nacional
El 12 de enero de 2026, Chile dio un paso trascendental al clausurar de manera definitiva el Servicio Nacional de Menores (Sename), una entidad que por 46 años tuvo a su cargo la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como la gestión de jóvenes en conflicto con la ley. Este cierre marca el fin de una era y el comienzo de una profunda reestructuración del sistema de infancia. Creado en 1979 como el primer organismo público dedicado exclusivamente a la niñez y adolescencia, el Sename ha acumulado funciones, tensiones y críticas a lo largo de los años. Desde la protección de derechos hasta la administración de sanciones penales juveniles, todas bajo una misma estructura, lo que se convirtió en uno de los principales cuestionamientos al modelo. Aunque el hito se materializó en 2026, el fin del Sename no fue repentino. Desde 2021, el Estado inició un proceso de transición con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, enfocado exclusivamente en niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Posteriormente, en 2023, se estableció el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de implementar las medidas y sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Con esta separación, se buscó corregir la histórica práctica del Sename de abordar tanto la protección como el castigo bajo una misma lógica. Si bien desde el Gobierno se ha hablado de aprendizajes institucionales y una nueva etapa para el Estado chileno, el cierre del Sename también implica un reconocimiento implícito de que el modelo anterior no cumplió con las expectativas. A lo largo de los años, el Sename estuvo envuelto en escándalos, informes críticos, denuncias por violaciones a los derechos humanos y críticas tanto nacionales como internacionales. Su nombre se convirtió en sinónimo de abandono estatal para muchos sectores de la población. Uno de los aspectos clave del cierre fue el trato hacia los trabajadores. Se destacó el compromiso de miles de funcionarios y colaboradores que, a pesar de las limitaciones del sistema, brindaron atención diaria a niños y adolescentes. Este énfasis busca evitar que el cierre sea percibido como unborrón y cuenta nueva sin asumir responsabilidades. Las nuevas entidades heredaron personal, experiencias y programas con el objetivo de garantizar continuidad y evitar vacíos en la atención. Sin embargo, expertos advierten que el verdadero desafío no es tanto institucional como operativo y territorial. Con la clausura del Sename, el Estado apuesta por un sistema más especializado con estándares diferenciados y objetivos claros: protección integral por un lado y reinserción social por otro. La premisa es clara: colocar en primer plano la dignidad, bienestar y derechos de niños, niñas y adolescentes. No obstante, el cierre no resuelve los problemas subyacentes. La pobreza, la violencia, la exclusión social y la reincidencia juvenil continúan presentes. El éxito del nuevo modelo dependerá del presupuesto, formación del personal, supervisión efectiva y coordinación con los sistemas judicial, educativo y sanitario. Fuente: Publimetro
